Autor: Alejandro Lazcano, analista especializado de Amarante
El año 2021 representa para la región latinoamericana un ejercicio de intensa renovación legislativa, con diez países que este año estrenarán a nuevos parlamentarios y cuatro a los titulares de su poder ejecutivo; el escenario pinta para el inicio de una importante jornada de diseño de instrumentos que den cuerpo a la política pública de estos países. Desde luego, tras la aceleración causada por la situación sanitaria en la implementación de nuevas soluciones digitales, particularmente las de índole económico y financiero; hay muy pocas dudas de que la discusión en materia de las tecnologías financieras o simplemente Fintech, se encontrará dentro de los puntos de la agenda.
En este sentido, legislar en materia de inclusión financiera resulta un punto vital para los países de la región, a pesar de que 11 países de la zona ya se encuentran afiliados, a través de su Banco Central, a los esfuerzos de la Alianza para la Inclusión Financiera, por sus siglas en inglés, AFI. Lo cierto es que los últimos datos de un documento de trabajo publicado por el Fondo Monetario Internacional a mediados de agosto de 2021, destacan que la región latinoamericana presenta desde 2014 un importante estancamiento en la promoción del acceso a servicios financieros con respecto de otras regiones en desarrollo como lo son África Subsahariana y Asia Central. 1
Como parte de un ejercicio de contraste, resulta útil identificar algunas de las diferencias a nivel de iniciativas entre diversas regiones, para poder entender cuáles son los factores que han dado lugar a esta brecha en términos de inclusión. Uno de los casos de estudio más interesantes es el del mobile money o dinero móvil, esto por su alta penetración en países africanos y asiáticos como el caso de Ghana, dónde a 2018 se calculaba que sus usuarios rondaban cerca de 27 millones, equivalente al 90% de la población de dicho país.2
En términos básicos, entendemos por mobile money como un servicio que permite a las personas recibir, almacenar, transferir y realizar pagos utilizando un teléfono móvil, ya sea inteligente o no y sin la necesidad de tener una cuenta bancaria de por medio. En nuestra región la solución más destacada es la de Tigo Money, con presencia en unos cuantos países de la zona, particularmente con especial actividad en los países de Centroamérica a diferencia del caso africano, los usuarios registrados en alguna plataforma de este tipo de nuestra región rondan apenas sobre el 5% de la población.3
En el Fondo de Garantías – FGA, se elaboran informes mensuales, semestrales y anuales que plasman la situación financiera histórica de las entidades, pero también se realizan informes proyectivos que cuentan con un riguroso seguimiento por parte del analista para evaluar su evolución.
De acuerdo con datos de la GSMA (2019)4 los países de la zona con una mayor penetración de mobile money en la región son Paraguay, Haití y Honduras, dentro de los cuales la implementación de esta solución ha contribuido de manera importante a contrarrestar los bajos niveles de bancarización. Tal es el caso que este mismo estudio sugiere que a pesar de que el alcance que tiene en número de cuentas totales presenta la diferencia antes mencionada, los usuarios que sí utilizan mobile money en América Latina, lo hacen con mayor frecuencia que sus contrapartes en África y Asia; lo que nos indicaría que, de lograr una mayor penetración de estos servicios en la región, los resultados podrían tener todavía un efecto más importante en América Latina que los que ya han tenido en las zonas con importante avance en esta materia.
Cabe aclarar que mobile money en sí mismo no es inclusión financiera, ya que a pesar de que permite a los usuarios acceder a algunos de los instrumentos actuales que una cuenta bancaria permite y, por lo tanto, contribuye al mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas; sin embargo, no representa la solución completa, ya que para ello haría falta incluir acceso a otro tipo de servicios como instrumentos de crédito o pólizas de cobertura al patrimonio.
De igual forma, la inclusión financiera implica el desarrollo de infraestructura para acceso a los servicios y los medios para llevar aquellos servicios, en efecto, el establecimiento de soluciones de mobile money va de la mano con la infraestructura que pueda generarse, ya sea por medio de las autoridades o los mismos proveedores que encuentren un entorno regulatorio amigable para la implementación; más adelante retomaremos este punto.
El papel que juega mobile money en el escenario de la inclusión financiera sería más bien el de catalizador, esto es porque los escenarios que fomenta, a través de facilitar la recepción de dinero, transferencias y el ahorro, generan las condiciones económicas para que el usuario final esté en mejores condiciones para abrir una cuenta en alguna entidad financiera, en relación al estado en el que se encontraba antes de utilizar el mobile money. Esto se encuentra constatado a través de un estudio realizado en países africanos, donde se observó que el acceso a un servicio de mobile money duplicaba las posibilidades de aprobación de un crédito bancario para los usuarios de estas plataformas;5 lo anterior debido a la cercanía que fomenta entre el usuario y las entidades del sistema financiero el realizar operaciones de manera constante, además del incremento directo en el flujo de dinero en el caso de los microempresarios que adoptan este medio de pago.
Por otro lado, el nivel de conectividad móvil en América Latina resulta un ambiente fértil para la implementación del mobile money. De acuerdo con datos de la GSMA, se calcula que para 2020 cerca de 70% de la población tenía acceso a una línea de teléfono móvil6, si tomamos en cuenta que los niveles de bancarización promedio en América Latina rondan alrededor de 50% 7, estaríamos hablando de un margen equivalente de al menos 120 millones de personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria, pero que podrían verse beneficiados por el mobile money al contar actualmente con un dispositivo móvil.
A pesar de la oportunidad que representa en términos de dinamización de la actividad económica y como catalizador de la inclusión financiera, lo cierto es que la región resulta bastante heterogénea a nivel social y político, que conlleva la existencia de barreras de toda índole que podrían explicar los modestos resultados que han tenido las implementaciones de mobile money en la zona. Para fines prácticos, nosotros nos centraremos en aquellas que competen al presente artículo, las de nivel regulatorio.
Para los proveedores de mobile money los marcos regulatorios pueden impactar tanto de manera positiva como negativa en su rentabilidad y capacidad de ampliación; también ejercen una importante influencia sobre en la posibilidad de mantener una base de clientes, construir una red de agentes de alta calidad, desarrollar capacidades e infraestructuras críticas y ofrecer productos más allá de los pagos básicos. De forma que, podemos identificar que los marcos regulatorios son un factor crítico para su desempeño.
Actualmente diversos gobiernos de la región han comenzado a realizar esfuerzos para en un primer lugar, generar regulaciones específicas en materia de los servicios relacionados a las tecnologías financieras y en segundo reformar aquellas que dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado; en este sentido, podemos afirmar que los marcos regulatorios que podrían tener un impacto sobre mobile money se encuentran en pleno proceso de desarrollo por parte de las autoridades.
Por consiguiente, vale la pena tomar en cuenta las experiencias de otras regiones para identificar de manera oportuna cuáles son aquellas políticas en específico que impactan de manera directa sobre el éxito o fracaso del mobile money. Una de estas experiencias es la recopilada por un estudio realizado en 20188, donde se les preguntó a las operadoras de manera directa sobre aquellas barreras que encontraron a nivel regulatorio para el establecimiento de sus negocios; los principales puntos a destacar fueron los siguientes:
• Límites homogéneos para todos los tipos de cuotas por retiro.
• Políticas Know Your Costumer (KYC) estrictas.
• Límites de las transacciones y del saldo de la cuenta.
• Restricciones sobre quién puede ser agente.
• Exigencia de que los fondos de depósito se mantengan en fideicomiso, en custodia o de forma similarmente restringida.
• Licencias específicas y complejas para cada producto.
Gran parte del éxito de las soluciones de mobile money en otras regiones se debe a la participación de los pequeños agentes de recarga y cobro instalados en quioscos repartidos alrededor de los centros de cobertura, especialmente en las zonas de difícil acceso para los servicios financieros tradicionales. De forma que las restricciones sobre quién puede actuar como agente, pueden impedir que los proveedores amplíen sus redes y por consiguiente lograr una infraestructura que fomente la inclusión financiera.
Por ejemplo, cuando los proveedores sólo pueden contratar a agentes que ya son personas jurídicas registradas, la posibilidad de colaboración con los pequeños quioscos, que en su mayoría se encuentran en un estatus de informalidad, se reduce de manera considerable.
Ahora bien, es cierto que los factores que motivan este tipo de restricciones pueden ser el control de la actividad financiera ilícita y el alivio de la carga que supone para el limitado personal de los supervisores el hecho de que haya menos tipos de agentes que presten servicios financieros. Sin embargo, estas restricciones pueden impedir que los proveedores contraten a los agentes que podrían tener más sentido desde el punto de vista comercial o que tengan más probabilidades de estar ubicados en los lugares en los que viven las personas actualmente desatendidas.
Una situación similar sucede con el tema de la regulación en materia de KYC, en el caso de presentarse un bloque de políticas KYC por un nivel encima del requerido para este tipo de soluciones, el grupo afectado serán los mismos usuarios, cuyas condiciones les dificultarían la obtención de algunos documentos requeridos por ley.
Si observamos el origen de la problemática para los dos casos anteriores, nos daremos cuenta de que ambos atienden a un caso en el que una ley establecida con anterioridad para los servicios financieros tradicionales es aplicada de manera general para estos mecanismos alternativos, de ahí deriva la importancia de legislar marcos regulatorios específicos para las nuevas implementaciones que vayan agregándose al ecosistema financiero.
En este punto es importante reafirmar que el proceso de generación de normas especializadas no necesariamente implica que la autoridad se muestre más permisiva hacia este tipo de organizaciones o un cambio radical en la política económica de un Estado; por el contrario, tener una regulación especializada le permitirá a los organismos de control poder ejercer su autoridad de manera efectiva y garantizar una competencia adecuada en el sector financiero, dónde el ente más beneficiado sea el usuario final.
Por otro lado, el Estado también puede fungir como promotor de una infraestructura facilitadora al mobile money. Tal y como lo vimos más arriba, la penetración que tiene la telefonía móvil en la región es un factor que juega a favor de su implementación y es que, aunque existen diversas compañías que podrían fungir como promotoras de esta solución, ya sea fintechs, retails o los propios gobiernos, lo cierto es que la implementación más eficiente al considerar la infraestructura actual sería de la mano de las operadoras móviles.
En este caso, el Estado puede intervenir mediante acuerdos con las principales operadoras para aumentar la cobertura de estos servicios en materia de infraestructura, el hecho de que los usuarios puedan convertirse en clientes de ambos servicios con la misma operadora convierte a este tipo de acuerdos en importantes oportunidades comerciales.
Finalmente, la experiencia dentro de la consultoría que hemos ejercido en Amarante nos ha permitido identificar que un factor vital para el éxito en el desarrollo de marcos regulatorios constituye la velocidad de reacción legislativa para ejecutar reformas ante la aparición de nuevos actores y modelos de negocio. En este caso, el asegurar que los instrumentos se encuentren listos para recibir reformas en el momento que lo requieran, no sólo constituye un esfuerzo que facilitaría la implementación de tecnologías como el mobile money, sino todas aquellas iniciativas que puedan aportar a mejorar las condiciones de la población de un Estado.
Como ejemplificación de esto tenemos que mobile money no es para nada una tecnología nueva, sus implementaciones datan del año 2006 y en países con condiciones de infraestructura e instituciones mucho más modestas que nuestra región como lo son Kenia o Ghana; sin embargo, el acierto precisamente que tuvieron aquellos gobiernos de la época, fue su reacción rápida para tomar cartas sobre la tecnología en aquel momento emergente e instauraron algo que al día de hoy conoceríamos como Sandbox Regulatorio, es decir un espacio regulatorio experimental para permitirle a una o varias empresas la prestación de un servicio bajo condiciones especiales; como resultado, al día de hoy cerca de 25% de PIB de Kenia se mueve bajo un sistema de mobile money.9
A pesar del tiempo que ha pasado desde entonces, nuestros países aún se encuentran en buen momento para subirse a la ola y obtener los beneficios de esta tendencia, tal y como lo vimos con los datos de la GSMA. Por otro lado, detrás de ella se encuentran formándose día a día nuevas soluciones que podrían llegar tener un impacto similar o mayor dentro del sistema financiero internacional, como es el caso de las tecnologías de Decentralized finance (DeFi), Non-Fungible Tokens (NFT)10 y la Inteligencia Artificial aplicada a modelos de crédito.
Bajo esta misma línea, legislar para tecnologías actuales, representa entonces sentar un precedente para legislar para las tecnologías futuras. Las condiciones están dadas para las nuevas autoridades entrantes de la región, dependerá de ellos si deciden tomar las lecciones de mobile money y montarse a una nueva etapa en la inclusión financiera de la región.
Bibliografía
GSMA, (2019) “Beyond one billion accounts: What path is mobile money following in Latin America & the Caribbean?”. Article
GSMA, (2021) “Año excepcional para el dinero móvil en América Latina y el Caribe”. Editorial
GSMA, (2020) “La Economía Móvil en América Latina”. Reporte
International Monetary Fund. (2021) “Fintech and Financial Inclusion in Latin America.” Working Paper
Kakra, T.L. (2018) “The Impact of Mobile Money on Financial Inclusion in Ghana”. Paper
McKinsey&Company (2018) Mobile money in emerging markets: The business case for financial inclusion. Report
Vargas P. (2020) “El índice de bancarización que tiene México es el más bajo de los países de la Alianza del Pacífico”. Artículo
Vigna P. (2015) The Age of Cryptocurrency, Chapter 8: The Unbanked, St. Martin’s Press, New York, United States.
10 Las finanzas descentralizadas (comúnmente denominadas DeFi son una forma de finanzas basada en blockchain que no depende de intermediarios financieros centrales como corredores, bolsas o bancos para ofrecer instrumentos financieros tradicionales, y en su lugar utiliza contratos inteligentes en blockchains, siendo el más común Ethereum.